¿Es la justicia española independiente?

La suma de noticias que nos asaltan día a día que tienen que ver con la justicia española es inacabable: casos de corrupción, financiaciones ilegales de partidos políticos, repartos de comisiones ilegales, sobornos, chivatazos, acusaciones que no salen de la fiscalía, hombres importantes de la magistratura disfrutando de copiosas comidas con políticos, políticos grabados hablando de apartar fiscales y de poner a otros más favorables, jueces testarudos que quedan desempleados por querer hacer su trabajo, fiscales que interrumpen investigaciones criminales para devolver favores…

Un hecho llamativo en las últimas fechas es la reprobación del actual ministro de justicia (Rafael Catalá) y la cúpula fiscal del estado que han llevado a cabo todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados excepto el Partido Popular. Los acusan de llevar a cabo injerencias políticas sobre la justicia para que los casos de corrupción que afectan a su partido no sean investigados con la diligencia que merecen. Lo surrealista de verdad es que el gobierno y el PP han afirmado que el ministro ha salido reforzado de esta reprobación, y no menos surrealista son las declaraciones del ministro tras la reprobación: Catalá ha dejado muy claro que su puesto depende del presidente del Gobierno que es el único que le puede apartar, y que como eso no va a ocurrir va a seguir trabajando para que la justicia actúe de forma autónoma e independiente.

Todo este tipo de noticias de las que muchas veces no sabe uno qué creerse me han llevado a plantearme por qué hay jueces encargados de investigar casos de corrupción que son apartados de sus casos y otros que sin embargo son tan bien vistos por los propios acusados. Por qué hay fiscales alabados día y noche por políticos puestos en el punto de mira por posibles actuaciones delictivas y otros a los que estos personajes no quieren ver ni en pintura. Por qué cada día tenemos en la televisión y los periódicos nuevos casos de corrupción y la vez vemos como se apartan jueces y fiscales, como se nombran por los propios políticos, como encajan en algunos casos los resultados de las actuaciones de la justicia con la anterior filiación política de los profesionales que las llevan a cabo; o, simplemente, si de verdad la justicia española es independiente.

Y esto es algo que se han preguntado muchos más españoles. Tecleando en Google justicia española lo siguiente que nos recomienda la compañía californiana es justicia española corrupta, justicia española vergüenza y justicia española lenta. De todo menos bonito.

Pues bien, la justicia española se denomina como “poder judicial”, regulado por la Constitución de 1978 en su Título Sexto, así como en leyes orgánicas, la primera del año 1985. Echando una ojeada rápida, en estas se pide que la ley sea independiente y no se subordine a nadie salvo ella misma, habiendo de actuar con las garantías legales que la constitución y las leyes le obligan. Pero, ¿es esto cierto?

El sistema español es un tanto peculiar y está rodeado de ciertos engaños. Se dice que la ley ha de ser independiente y ha de primar por encima de todas las cosas, que no debe de sufrir injerencias de ningún tipo y mucho menos de carácter político. Esto es obvio que no se lo cree nadie, pero todo el mundo lo defiende así porque es lo políticamente correcto.

Es sabido que las altas instancias del poder judicial español tienen lazos con los políticos, pero si realmente se quiere saber lo que sucede en el poder judicial español hay que mirar las leyes y las prácticas políticas. Vamos a ir por partes desgranando los principales organismos legales del Estado español:

  • Tribunal Constitucional: es el único tribunal que se encarga de interpretar la Constitución de 1978. No se encarga de ninguna norma que no sea la Constitución y es la última instancia a la que se pueda recurrir en la legislación española. Se compone de 12 miembros de los cuales 4 son nombrados por el Congreso de los Diputados y 4 por el Senado por una mayoría de 3/5 de ambas cámaras. Esto ha supuesto que el nombramiento de magistrados haya sido un completo mercadeo entre los dos grandes partidos políticos durante toda nuestra democracia, cediéndose apoyos parlamentarios a conveniencia para nombrar al candidato que más interesase en cada momento. Otros dos miembros del Alto Tribunal los nombra el Gobierno de España y otros dos el Consejo General del Poder Judicial.
  • Tribunal Supremo: jerárquicamente es el tribunal con mayor nivel en el poder judicial español, quedando por encima del resto de los tribunales. Es el máximo organismo de la magistratura española. Su presidente se nombra a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, igual que los magistrados y los presidentes de los diferentes Tribunales y Salas adscritos a este.
  • Fiscalía: El fiscal general del estado, la máxima autoridad fiscal del país y con autoridad en toda la nación, es nombrada por el Gobierno, habiendo este de oír lo que haya de decir al respecto el Consejo General del Poder Judicial. Por debajo de este actúan fiscalías autonómicas, quedando como órganos dependientes de la fiscalía general del estado.
  • Consejo General del Poder Judicial: Este es el organismo que está siempre presente en todos y cada uno de los aspectos jurídicos del país. El asunto está en quién lo compone: el presidente del CGPJ es el presidente del Tribunal Supremo que, como ya hemos visto, es nombrado a propuesta del mismo CGPJ. Pero ¿quién nombra a quienes nombran a su presidente? El CGPJ está formado por el presidente y veinte vocales. De estos veinte, doce han de ser jueces o magistrados en activo en su carrera judicial y los ocho restantes han de ser juristas de reconocida competencia, todos nombrados por las cámaras parlamentarias por mayoría de tres quintos, mitad nombrados por el Congreso de los Diputados y la otra mitad por el Senado.

Los nombramientos de las cúpulas de los principales organismos legales de nuestro país son preeminentemente políticos: si no los nombran directamente los políticos los nombran personas que han sido designados por estos. No sé a ustedes, pero esto a mí me suena a injerencia política y se aleja del concepto de independencia que me enseñaron en la escuela.

Que todos los nombramientos tengan carácter político no tiene por qué ser malo: en Estados Unidos los nombramientos de los máximos organismos legales del país se hacen de la misma manera. Este modelo se puede defender arguyendo que la justicia ha de seguir unas directrices similares a las del Gobierno, dado que el pueblo lo ha votado y es su representante, lo que le da derecho a decidir hacia dónde se encaminan los actos legales del Estado. Pero nunca se podrá decir que la justicia actúa de manera independiente ni autónoma. Sigue directrices políticas.

Con esta argumentación nos alejamos de las palabras del ministro de justicia, en las que dice que seguirá trabajando para que la justicia española siga siendo independiente y trabaje de forma autónoma. Se me viene a la cabeza el dicho tan famoso de “no morder la mano a quien te da de comer”. Si todas las altas instancias judiciales del país son nombradas por políticos, dudo mucho que tengan mucho interés en investigar a fondo lo que tenga que ver con estos, dado que pueden dejarlos en el paro, quizá no directamente, pero sí ejerciendo su poder a través de otros órganos del poder judicial español. Y peor que en el paro, pueden acabar inhabilitados o en la cárcel. En España hemos vivido procesos judiciales muy polémicos en contra del juez Garzón y del juez Elpidio Silva, ambos inhabilitados de ejercer su profesión en procesos surgidos a causa de investigar casos de corrupción política y del poder económico. No entraré en si fueron bien inhabilitados según la legalidad, no me dedico al derecho, simplemente pretendo remarcar la “casualidad”.

En fechas más recientes salió a la luz que el Fiscal general del Estado, recordemos que es nombrado por el gobierno, José Manuel Maza, sustituyó a miembros de la judicatura española incómodos para el ejecutivo, como es el caso del fiscal que comenzó las investigaciones de corrupción sobre el expresidente autonómico de Murcia, o realizó el nombramiento de fiscal anticorrupción José Manuel Moix, el cual es sabido que trató de limitar las investigaciones que se estaban realizando sobre el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, hoy día en prisión por corrupción política.

Se pueden dar más datos en contra de la independencia del poder judicial español: El anterior presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, fue afiliado del Partido Popular. Casualmente el Tribunal Constitucional resolvió en una polémica sentencia, sin ningún tipo de sesgo político, que un miembro del TC podía haber tenido afiliación política pues esto no iba en contra de su independencia a la hora de trabajar. Ha habido magistrados de este mismo tribunal que se han dedicado a la política activamente más de 15 años…

A cada lector le vendrá a la mente un caso de injerencia política en la justicia española: desde falta de financiación, hasta el nombramiento político de los altos miembros del poder judicial. Desde las grabaciones de corruptos hablando de cambiar fiscales imparciales por otros fácilmente sobornables o que harían la vista gorda, hasta las escandalosas afiliaciones políticas de todos y cada uno de los miembros de los altos tribunales españoles.

Los cargos inferiores de la justicia española se reparten mediante oposición, lo que es una mayor criba ante posibles injerencias, siempre y cuando el que las haya aprobado no quiera adquirir cargos de mayor responsabilidad y prestigio, es decir, de los que dependa de los partidos políticos para ser nombrado.

No, queridos lectores. La justicia española no es independiente en sus altas instancias. Aunque sí que hay que reconocer que siempre ha habido valientes que no han llegado a estas a causa de su integridad y buen hacer.

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